Estados Unidos endurece el registro electoral: se requerirán documentos oficiales de ciudadanía
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que impone la presentación de documentos oficiales que acrediten la ciudadanía al momento de registrarse para votar. Entre los documentos válidos se incluyen el pasaporte estadounidense, una cédula de identidad o una tarjeta militar, pero se excluyen los certificados de nacimiento.
La medida ha generado una fuerte polémica, ya que podría impedir que millones de estadounidenses ejerzan su derecho al voto. Para los expertos en derecho electoral, este decreto representa un intento de Trump por ampliar el poder ejecutivo en la regulación de los comicios, un ámbito tradicionalmente reservado a los estados y al Congreso.
Un paso más en la lucha de Trump contra el supuesto fraude electoral
Desde las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, Trump ha insistido en que el sistema electoral estadounidense está viciado por el fraude, particularmente por la supuesta participación de no ciudadanos. Sin embargo, múltiples estudios e investigaciones no han encontrado evidencia de un fraude generalizado que haya alterado los resultados.
En este contexto, la nueva orden ejecutiva instruye a la Comisión de Asistencia Electoral, una agencia federal, a modificar el formulario de registro de votantes para exigir prueba documental de ciudadanía. La legalidad de esta medida ha sido cuestionada por especialistas, quienes advierten que Trump no tiene autoridad para modificar unilateralmente los requisitos de inscripción electoral.
Reacciones divididas y posibles desafíos legales
El anuncio ha provocado reacciones encontradas entre republicanos y demócratas. Mientras que líderes republicanos han respaldado la medida como un avance en la integridad electoral, los demócratas han advertido que tomarán acciones legales para frenarla.
Wendy Weiser, vicepresidenta de democracia en el Centro Brennan para la Justicia, afirmó que la orden es inconstitucional. “El presidente no tiene la autoridad para exigir esto. No puede anular una ley aprobada por el Congreso”, señaló. Por su parte, Rick Hasen, profesor de derecho en UCLA, calificó la medida como un intento de supresión de votantes.
Implicaciones para los votantes y el sistema electoral
Actualmente, la mayoría de los estados no exigen prueba documental de ciudadanía para el registro electoral. En su lugar, los votantes deben firmar una declaración jurada, y quienes la falsifiquen pueden enfrentar cargos criminales y deportación en caso de ser no ciudadanos.
La orden también busca prohibir que los estados cuenten las boletas enviadas por correo si son recibidas después del día de la elección, una práctica aceptada en 18 estados durante los comicios anteriores. Asimismo, se propone impedir el uso de boletas con códigos de barras o códigos QR y permitir que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Postal revisen las listas de votantes estatales.
El impacto en las elecciones y la batalla legal que se avecina
El decreto de Trump podría afectar a una gran cantidad de votantes, en especial a aquellos de clase trabajadora y zonas rurales, quienes a menudo no tienen fácil acceso a los documentos requeridos. La orden también plantea interrogantes sobre su impacto en los electores de distintos partidos políticos, aunque estudios sugieren que los ciudadanos naturalizados tienden a conservar mejor sus documentos de ciudadanía.
Por su parte, la Cámara de Representantes está preparando una legislación para exigir prueba de ciudadanía en el registro de votantes. Sin embargo, a diferencia de la orden de Trump, esta legislación permitiría el uso de certificados de nacimiento como prueba de ciudadanía.
Ante la controversia generada, los estados y diversas organizaciones han anunciado que evaluarán acciones legales contra la medida. “Si el presidente intenta interferir con el derecho al voto de nuestros ciudadanos, nos veremos en los tribunales”, advirtió Jocelyn Benson, secretaria de Estado de Michigan.
Mientras el panorama político se recalienta de cara a las próximas elecciones, la orden ejecutiva de Trump podría convertirse en un tema central de debate y en una de las principales batallas legales en torno al derecho al voto en Estados Unidos.
